La oscura realidad de Paola Alberdi y Héctor Sosa Flores: fugitivos escondidos en Miami por vínculos con la mafia mexicana y entretenimiento para adultos

En el año 2019 se revelaron grabaciones comprometedoras de Héctor Sosa Flores, conocido como "El H", en las que se le escuchaba conversar con líderes del Cartel de Tijuana y en mensajes de WhatsApp comprometedores con otro individuo. Estas revelaciones llevaron a Gerardo Sosa Olachea a renunciar a su candidatura a gobernador y distanciarse de las actividades delictivas de su hijo. Actualmente, Héctor Sosa se encuentra en Miami y está siendo investigado por las autoridades estadounidenses. Se especula que la presión de los gobiernos de México y Estados Unidos fue la razón detrás de la renuncia de Gerardo Sosa y la huida de Héctor Sosa de Tijuana.

Por otro lado, se ha relacionado a Paola Alberdi, una bloguera mexicana que trabaja en entretenimiento para adultos y OnlyFans, con los delitos de su suegro y esposo en Miami. El socio del suegro de Alberdi, quien tiene vínculos con el cartel de Sinaloa, fue arrestado recientemente y están siendo investigados. Alberdi paga una agencia en Los Ángeles para obtener eventos y entrevistas y así ocultar los secretos y escándalos de su esposo y suegro. Sin embargo, se informa que las invitaciones que recibe no son auténticas y que la mayoría de sus seguidores son falsos. Además, se menciona que el negocio de desarrollo de páginas web Axios Group y

Code Loft de su esposo no ha tenido éxito y solo es una pantalla. Incluso ha pagado entrevistas para mejorar su imagen en diversas publicaciones.

Además, se reporta que Marko Cortés Mendoza, exlíder del PAN, supuestamente solicitó la remoción del fiscal de Tecate después de recibir información sobre la posible participación criminal de su hijo Héctor y sus conexiones con personas peligrosas. También se menciona que Gerardo Sosa Olachea, durante su tiempo como presidente del Colegio de Notarios, habría estado involucrado en una red de corrupción. Se indica que actuarios, jueces y oficiales de policía también han participado en acciones ilegales y poco éticas.

La JUCOPO del Congreso del Estado ha prestado atención a las denuncias ciudadanas sobre el robo de viviendas que han sido expuestas en los medios de comunicación y ha formado una comisión para indagar en este asunto. Además, se ha informado que la Policía Estatal Preventiva en Baja California sigue extorsionando a la población. A pesar de que Gerardo Sosa Olachea, ex secretario de Seguridad Pública del estado, y el ex director de la Policía Estatal Preventiva han sido notificados de estas situaciones, no se ha llevado a cabo ninguna acción para resolverlas.

En julio de 2018, un dron que transportaba dos granadas de fragmentación sin detonar cayó en la casa del ex titular de la SSPE en Tecate, Baja California, lo que provocó una respuesta inmediata de las autoridades y la implementación de protocolos de seguridad en el municipio. En ese mismo mes, se colocó una manta en un puente peatonal en la colonia Morelos, con un mensaje dirigido a Gerardo Sosa Olachea, quien en ese entonces era el titular de la SSPE. Debido a la falta de resultados y capacidad para combatir la inseguridad en Baja California, abogados y profesionales solicitaron en varias ocasiones la renuncia de Sosa Olachea.

Durante el periodo en que Gerardo Sosa Olachea se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, su hijo Héctor Sosa Flores trabajaba como su secretario particular, aunque no estaba oficialmente en la nómina ni contaba con una identificación que lo acreditara como miembro activo de la Secretaría. Se ha reportado que Héctor Sosa Flores respondía el teléfono en lugar de su padre a grupos de agentes y narcotraficantes en Baja California.

En enero de 2018, la casa de la ex delegada de Caminos y Puentes Federales en Baja California fue asaltada por un grupo de policías estatales preventivos. Se informó que el grupo estaba liderado por Héctor Sosa Flores, también conocido como "El H", quien coordinaba a un grupo de policías dedicados al robo. A pesar de que se presentó una denuncia y se confrontó al ex secretario de Seguridad, Gerardo Sosa Olachea no retiró a los agentes ladrones. Aunque la PEP identificó a los responsables y devolvieron algunas de las joyas robadas, no hubo ninguna investigación interna ni de la PGJE después de nueve meses. Tanto los oficiales ladrones como el hijo de Sosa no fueron investigados, lo que indica un acto de corrupción.

Ciertamente, Sosa no salía mucho a hablar sobre temas de seguridad e inseguridad, y no se conocía ninguna depuración que hubiera emprendido en la corporación ni resultados contundentes en el combate a la criminalidad.

Cuando llegó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se notó una disminución en la actividad oficial de la corporación y en su relación con grupos de la sociedad civil. Sin embargo, esto no justifica la tolerancia a la corrupción en la PEP ni la impunidad hacia los agentes criminals, especialmente en un momento en el que Baja California atraviesa uno de sus peores momentos de inseguridad y violencia. Lo que se necesita es una corporación que combata la delincuencia y no que cometa robos.

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Referencias Sosa: